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Se establece un gobierno federal con tres poderes. La administración pública se organiza de manera incipiente con Secretarías de Estado, encargadas de áreas como Hacienda, Guerra y Relaciones Interiores.
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Se consolida la estructura administrativa del Ejecutivo. Se busca un gobierno más civil y menos militarizado, con secretarías encargadas de ejecutar las leyes del Congreso.
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Se establece la base constitucional de la administración pública moderna (arts. 90 al 107). Se reconoce al Ejecutivo como responsable de la administración pública federal.
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En el periodo posrevolucionario, el Estado asume un papel intervencionista y social: se crean el IMSS (1943) y empresas públicas. Se busca atender demandas sociales y económicas.
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Se impulsa la modernización del aparato burocrático, con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto y mecanismos de planeación nacional (Plan Global de Desarrollo).
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Se impulsa el federalismo administrativo: los estados asumen funciones en educación, salud y desarrollo social. Se crean organismos autónomos como la CNDH (1990) y el INE (antes IFE, 1996).
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Se promueve la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La CFE y PEMEX se transforman en Empresas Productivas del Estado. Se fortalece el Sistema Nacional Anticorrupción.
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Se promueve un modelo de centralización de programas sociales bajo el Gobierno Federal. Se crean los “Servidores de la Nación” y se impulsa la austeridad republicana como principio administrativo.