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La ley 200 de 1936 es conocida como el primer intento serio de realizar una reforma agraria y fue el resultado de una concertación con el movimiento campesino en auge. Elementos importantes de la ley eran la creación de jueces especiales para dirimir conflictos de tierra, la introducción del concepto de la función social de la tierra y la figura de extinción de dominio
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A pesar de su reducida aplicación por la fuerte resistencia que encontró, la Ley 200 creó las bases conceptuales de la reforma agraria. Con la Ley 100 de 1944 se buscaba anular los posibles efectos de la Ley 200, declarando de conveniencia pública los contratos de aparcería y, con ello, la sujeción del campesino al terrateniente.
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Entre 1946 y 1957, durante la Violencia, fue liquidada la confederación campesina e indígena que había liderado en los decenios pasados la lucha por la tierra
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Ley 135-1961 producto de presiones sociales internas producto de la de la Violencia, como de presiones internacionales, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. Con ella fue creado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), que buscaba obligar a terratenientes a modernizar sus explotaciones permitiendo un uso más adecuado de la tierra bajo pena de extinción de dominio. La dirección de la junta directiva del INCORA estaba altamente politizada y escasa participación campesina
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1967 nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), utilizada por el presidente Lleras Restrepo como factor de presión para llevar a cabo su reforma agraria,
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Ley 1-1968, facilitó tramites, hizo énfasis en predios inadecuadamente explotados y entrega de tierra a los aparceros que la trabajaban. Con esto se intentaba mantener estructura doble de la tenencia de la tierra con modernización del latifundio improductivo, que buscaba abrirse paso al desarrollo capitalista en el campo, y la constitución de unidades agrícolas familiares para ampliar el mercado interno, en la practica resultaron ser minifundios inviables perpetuando la pobreza en campesinos
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En 1972, bajo el gobierno de Misael Pastrana, se inició con el acuerdo de Chicoral una contrarreforma agraria, y desde entonces se ha apoyado sobre todo la gran propiedad como fundamento del desarrollo, dirigiendo el crédito hacia los empresarios agrícolas. La reforma agraria fue declarada terminada, y en lugar de crédito había sólo programas de asistencia técnica que se dirigían a los minifundistas.
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La Ley 4 de 1973 incluía una serie de criterios para la clasificación de los predios con el objetivo de expropiación, que designaba casi cualquier predio como adecuadamente explotado, y cuyos complejos trámites diluyeron la posibilidad de hacer una reforma agraria.
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Con la Ley 6 de 1975 se legalizó de nuevo la aparcería, pero a pesar de buscar la modernización de las relaciones entre propietario y aparcero, el principio de sujeción del trabajador se mantuvo. En este año se impuso el programa de Desarrollo Rural Integrado, pero no fue concebido como un complemento de la reforma agraria, sino como su sustituto y además resultó ser insuficiente y no logró cambiar de manera sustancial la situación del campesinado
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siguiendo a Antonio García [1970, 1982], "que la reforma agraria en Colombia ha tenido carácter marginal: se ha tratado de una reforma dirigida a mantener el statu quo del complejo latifundio o minifundio, con concesiones a la mediana propiedad, a través de la canalización de las presiones sobre la tierra hacia las fronteras agrarias. Además, se ha privilegiado la titulación de baldíos y afectado las tierras del interior solamente en forma ligera, cuando lo ha exigido la confrontación social”
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Durante varios años no se volvió hablar de reforma agraria. A partir de 1982, sin embargo, con la Ley 35 y el Plan Nacional de Rehabilitación se volvió a retomar la cuestión agraria, pero bajo otro esquema: la compra de tierra a precios de mercado y su venta a campesinos beneficiarios.
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Después de tres proyectos que no fueron aprobados por el Congreso, en 1988 se aprobó la nueva Ley 30 que formalizaba la compra de tierra a precios de mercado. De esta manera se quería vencer la resistencia de los terratenientes, y efectivamente las adquisiciones del Incora alcanzaron niveles nunca antes vistos. Sin embargo ese procedimiento de reforma agraria está limitado por las restricciones presupuestales, de modo que la reforma siguió siendo marginal
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Ley 160 de 1994, mecanismo neoliberal del “mercado de tierras”, abrió la puerta a una mayor iniciativa privada y se le continuaron limitando las facultades al estado, y por supuesto al Incora, con lo que se fue languideciendo su accionar, mientras la demanda de tierras continuaba creciendo, no sólo por parte de los históricamente necesitados de ella —los asalariados rurales y los mini y microfundistas— sino los millares de desplazados que por la época ya constituían un número significativo.
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Situaciones y factores como el narcotráfico, violencia política y efectos de la apertura daban inicio a la concentración de la tierra de todos los tiempos y la dispersión de las organizaciones agrarias, generada por la violencia y la guerra sucia, el gobierno ordena la supresión y liquidación no sólo del Incora, sino de otras entidades del sector agropecuario (el INAT, el INPA y el DRI), con lo que, en la práctica, la institucionalidad pública del sector fue barrida en mayo de 2003.
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Decreto 1300-2003, se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el cual tiene como función principal “ejecutar la política de desarrollo rural” en el país. Aunque no se volvió a hablar de reforma agraria ni se avanzó en redistribución de tierras, como tampoco mejoraron los índices de gestión de los programas que tanto el INCORA como las demás entidades suprimidas desarrollaban, más bien su cobertura y calidad se redujeron.
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Énfasis sobre factores secundarios y no principales como la estructura de tenencia de la tierra, ha demostrado su ineficacia y ha propiciado mayores desigualdades en el campo y con ello mayores niveles de pobreza y miseria, el Gobierno Nacional se empeña en profundizar este modelo y y logró la probación de leyes que forman parte de ese nuevo esquema, como la ley forestal, la de “agro ingreso seguro” y el Plan Nacional de Desarrollo
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Congreso aprobo proyecto de ley de estatuto de desarrollo rural. busca compilación de normatividad del sector rural y la adecuación del INCODER oposición de sectores sociales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, víctimas de la violencia, ambientalistas). califican retrógrada, por adecuar la ley a exigencias del TLC-USA,permite a latifundios eludir extinción de dominio, beneficia terratenientes y empresarios agrícolas, Procuraduria advirtió “podría prestarse para el lavado de activos”.
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SEDE FACATATIVA, FACULTAD DE DERECHO, 2do semestre,JORNADA NOCTURNA
