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Aunque no existía la contabilidad como ciencia formal, las comunidades indígenas en lo que hoy es Colombia utilizaban sistemas rudimentarios para registrar y controlar el intercambio de productos, a través de símbolos, registros visuales y formas orales, llevaban un control de bienes como el maíz, el algodón o la sal, esenciales para su economía de trueque.
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El rey Carlos V de España designó a Rodrigo de Albornoz como contador real para las nuevas tierras americanas, en el caso de la Nueva Granada, se establecieron estructuras contables con la finalidad de controlar los tributos recaudados por la corona, este hecho marca el inicio oficial de la contabilidad pública en el territorio colombiano, basada en el modelo español de “cargo y data”.
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En ciudades como Santa Fe de Bogotá, Lima y México se instituyeron tribunales para auditar la gestión fiscal de las colonias, estos tribunales exigían informes contables a los administradores públicos, lo cual promovió el desarrollo de prácticas contables más sistemáticas y con énfasis en la fiscalización y control del gasto público.
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Tras la independencia de Colombia, se promulga una ley que crea la Contaduría General de Hacienda, con el objetivo de organizar las finanzas del nuevo Estado, se establece un cuerpo de contadores encargados de examinar y verificar las cuentas públicas, constituyéndose en la primera institución contable de la república.
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Se expide el Código Fiscal que, junto con el Código de Comercio de 1887, obliga a los comerciantes a llevar libros de contabilidad formales como el Diario, Mayor, Inventarios y Balances, este hito consolidó la contabilidad como herramienta legal y de control dentro de la actividad comercial en Colombia.
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En 1901 se fundó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia y en 1905 la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá, estas instituciones fueron las pioneras en ofrecer formación sistemática en contabilidad, marcando el inicio de la profesionalización de la carrera en el país.
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Con base en las recomendaciones de la Misión Kemmerer, se establece la Contraloría como organismo autónomo para la vigilancia del gasto público, a partir de este momento, se refuerzan los sistemas contables estatales y se genera una cultura de auditoría y control fiscal.
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Mediante la Ley 58 de 1931 se oficializa la figura del contador público como profesional responsable de la gestión contable de las empresas, además, se reconoce la revisoría fiscal como mecanismo de vigilancia interna, sentando las bases de la auditoría moderna en Colombia.
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Esta ley establece los requisitos para el ejercicio profesional del contador público, incluyendo la exigencia de titulo universitario y registro ante las autoridades, también fija responsabilidades éticas y técnicas para quienes ejercen esta labor en el país.
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El Decreto 1297 integra formalmente la carrera de Contaduría Pública al sistema de educación superior, permitiendo su desarrollo como disciplina académica con bases científicas, desde ese momento, universidades públicas y privadas comienzan a ofrecer programas especializados.
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Este decreto establece el marco normativo que rige la preparación de los estados financieros en Colombia, marca un paso importante hacia la normalización contable, permitiendo que las empresas colombianas apliquen principios homogéneos de registro y presentación.
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La Ley 1314 abre el camino para la adopción de estándares internacionales de información financiera (NIIF) y de aseguramiento (NIA) en Colombia, con ello se busca aumentar la comparabilidad y transparencia de los informes contables frente al entorno global.
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El Gobierno Nacional reglamenta la aplicación de las NIIF clasificando a las entidades en tres grupos según su tamaño y características, esto representa un avance significativo en la modernización del sistema contable colombiano y su alineación con estándares internacionales.
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La contabilidad en Colombia ha evolucionado con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, software ERP y blockchain, además, se ha incrementado el interés por los informes integrados y de sostenibilidad (ESG), ampliando el alcance del contador hacia una visión más estratégica y socialmente responsable.