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El encarecimiento del petróleo en 1973 había provocado una recesión mundial que afectó a España con enorme fuerza.
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La oposición antifranquista se había organizado entre 1974 y 1975 en la Junta Democrática y en la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas se unieron formando la Coordinación Democrática, más conocida como Plajunta. Sus integrantes defendían la ruptura democrática y exigían un gobierno provisional fuerte.
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La policía desalojó violentamente una convocatoria obrera en la iglesia de San Francisco, en Vitoria; murieron cinco personas y cientos de heridos por los disparos de la policía. La represión y el recuso de la militarización de los servicios públicos acabaron con la poca credibilidad del gobierno de Arias que se vió obligado a dimitir.
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Adolfo Suárez tomó la iniciativa y despenalizó las asociaciones políticas y reguló el derecho de huelga. Aprobó una amnistía que fue insuficiente por lo que tubo que ser ampliada en octubre de 1977 mediante un pacto político con la oposición, y que silenciaba y dejaba impune la represión de la dictadura franquista.
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El rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez en sustitución de Arias Navarro. En esta elección tuvo un importante papel el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.
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La Coordinación Democrática con otras plataformas de Cataluña, Galicia, Canarias, Baleares, Valencia, País Vasco y otros grupos minoritarios de tendencia liberal y socialdemócrata formaron la Plataforma de Organismos Democráticos de la que surgió la Comisión de los Nueve encargada de negociar con el gobierno.
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Los sindicatos aprovecharon el ambiente reinvicativo para reforzar sus opiciones creando la coordinadora de organizaciones sindicales que agrupaba a CC. OO, UGT y USO y convocaron una huelga general a favor de sus reinvidicaciones económicas. Las elecciones sindicales de principios de 1978 dieron la victoria a CC.OO; UGT obtuvo buenos resultados a pesar de su menor implantación.
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Desde la muerte de Franco, los partidos políticos seguian siendo ilegales pero actuaban con relativa tolerancia. El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid.
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Mientras GRAPO secuestraba, entre diciembre de 1976 y febrero de 1977, a Oriol y Urquijo y al teniente general Willaescusa y Eta intensificaba su actividad, la extrema derecha asesinaba a cinco abogados laboristas en la calle de Atocha.
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Este partido era "la bestia negra" del franquismo y tanto los militares como buena parte del régimen se oponían a su reconocimiento. La legalización final del PCE molestó a los sectores inmovilistas y a los militares hasta el punto del que el ministro de Marina presentó su dimisión.
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Adolfo Suárez formó y lideró la coalición de Unión Centro Democrático compuesta por pequeños grupos de demócratas-cristianos, liberales, socialdemócratas y regionalistas.
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A la derecha de la UCD quedaba la Alianza Popular liderada por Manuel Fraga, que englobó a asociaciones políticas provenientes del franquismo.
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Agrupaba a empresarios y exigian al gobierno la defensa de sus intereses.
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La comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar una constitución consensuada por siete de sus miembros, los ponentes comisionados para su redacción. El Congreso y el Senado aprobaron el texto constitucional en una sesión conjunta.
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La constitución se sometió a un referendum tras una intensa campaña favorable al sí.
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