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Empezó a utilizarse la palabra marginados existiendo un fuerte interés por la asistencia social, sobre todo en las grandes ciudades, ocasionando la atracción de emigrantes.
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El Estado se abocó a participar en el abatimiento de los rezagos económicos y sociales que provocaron el conflicto armado, induciendo el proceso de industrialización y el crecimiento económico.
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la política social mantuvo un tinte ocupacional, aunque en aquellos años se adaptaría a la nueva estrategia económica: la industrialización a través de la sustitución de importaciones.
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Si bien este modelo permitió el crecimiento económico esperado al que calificaron como el "milagro mexicano", no impulsó de igual manera el bienestar de la población. Las señales para el cambio de este modelo económico serían interpretadas a partir de 1970, con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
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El éxito se basó específicamente en concretar el desarrollo del país en un modelo de crecimiento hacia adentro, prácticamente ignorando el exterior a través de barreras arancelarias. Con la aplicación del sistema de sustitución de importaciones se propició que el sector industrial creciera notablemente, ello conllevó al desarrollo de una rápida urbanización (durante los setenta, el número de ciudades de más de 2,500 habitantes creció del 42.6 al 58.7 por ciento).
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El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), con los siguientes objetivos: a) Generar empleos permanentes y remunerativos que permitan arraigar a la población en su lugar de origen y, b) Realizar obras de infraestructura y servicios; en 1974, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Programa Nacional de Solidaridad Social del IMSS.
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El mal manejo de la política económica no fue el único factor de la crisis económica, también lo fue la recesión económica sufrida en el ámbito mundial -específicamente en virtud de la crisis de los precios del petróleo de 1973- implicaron que el país entrara en una de sus más agudas crisis económicas
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En contraposición hubo un desperdicio extraordinario de los recursos, que conllevó, finalmente, a un incremento del déficit fiscal y a los ya señalados desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos; ambos problemas fueron financiados a través del endeudamiento con el exterior. Como consecuencia, la política de la expansión en el gasto público definitivamente se derrumbó en 1976.
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Se descubrieron enormes yacimientos de petróleo, siendo un factor determinante en la aplicación de la política económica nacional. Las anteriores políticas restrictivas del gasto rápidamente fueron cambiadas por una política de derroche.
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Se diseñó en ese nuevo escenario; la política social hacía especial énfasis en la creación de empleos y en la consecución de "mínimos de bienestar".
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Si bien se contaba con un gabinete bastante más cohesionado que el de su predecesor, y con ello se podría pensar que estaba mejor preparado para hacer frente a los problemas, éste fue el heredero de un sistema prácticamente en quiebra -con las finanzas en la ruina y la credibilidad, tanto interna como del exterior, sumamente deteriorada- que a la luz de los hechos no vislumbraba posibilidad de mejora en el corto plazo.
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El propósito de esa carta era ajustar la política económica nacional a unos lineamientos previamente aprobados por dicha institución. Añadidamente se solicitó un convenio de facilidad, en el que el FMI apoyara a México otorgándole créditos urgentes para hacer frente a la crisis económica, con ello el FMI fungió en carácter de aval para que el país nuevamente fuera susceptible de crédito internacional.
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Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión del cargo como presidente de la República y de inmediato se dio a la tarea de extender el convenio anterior. El nombre que se le dio al ulterior convenio fue el de Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE).
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El escenario que se presentaba a finales de 1987 obligaba a intentar una nueva estrategia para poder paliar la crisis que recién se había agravado en virtud del crack bursátil de noviembre. Fue entonces cuando en diciembre del mismo año el gobierno sacó a la luz el Pacto de Solidaridad Económica. El propósito era el de reducir los salarios, para que a partir de ello se redujera la demanda y así poder contener el alza de los precios.
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El impacto provocado por el PAC no se hizo esperar. En 1987, se generó un proceso que llevó el nombre de Indexación, que consistía en hacer ajustes estructurales en los precios cada mes, teniendo como parámetro el índice inflacionario. Los datos económicos se veían encabezados por un pobre crecimiento económico del 1.4 por ciento, mientras que la inflación se había elevado en un 159 por ciento, en suma, las cifras revelaron que este programa, como otros tantos anteriores, fue un fracaso.
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La situación económica por la que había atravesado el país a lo largo de los anteriores gobiernos, evidenciaba el gradual deterioro en el poder adquisitivo de la población.
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A finales de 1994, México fue considerado por el Fondo Monetario Internacional como el alumno más aplicado, como el más destacado y notable aprendiz de la política neoliberal.
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El gobierno de Ernesto Zedillo se planteó como meta de la política económica, entre 1996 y 2000, un crecimiento promedio anual de la producción interna (PIB) de 5 por ciento, necesario para asegurar la creación de un millón anual de nuevos puestos de trabajo durante ese mismo periodo.
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La política económica se expresa en la adopción del objetivo de estabilización de las variables monetarias y financieras (precios, tipo de cambio y tasas de interés) por sobre los del crecimiento económico y el empleo. Desde su arribo a la presidencia de la República reconoció "la nueva fortaleza de la economía mexicana", es decir, la presencia de condiciones de estabilidad macroeconómica que le habían sido heredadas.