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Golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martinez de Perón.
El país pasa a ser regido por la junta de comandantes de las 3 Fuerzas Armadas Teniente Videla, Massera y Agosti -
-Suspende la actividad política
-Suspende los derechos de los trabajadores
-Interviene los sindicatos
-Prohíbe las huelgas
-Disuelve el Congreso
-Disuelve los partidos políticos
-Clausura locales nocturnos
-Ordena el corte de pelo para los hombres
-Quema miles de libros y revistas considerados “peligrosos”
-Censura los medios de comunicación
-Se apodera de numerosos organismos -
El general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar asume como primer presidente del Proceso de Reorganización Nacional.
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Secuestro y desaparición de 6 estudiantes de secundaria en la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil. Al entrar en la lista de subversivos, fueron asesinados.
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Las Madres de la Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en la plaza el 30 de abril de 1977 para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos desaparecidos.
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Se adopta como fecha simbolica de fundacion de la organizacion de derechos humanos el 21 de Octubre al ser el dia en el cual madres y abuelas entregan en conjunto un resumen de sus hijos y nietos desaparecidos al Secretario de Estado de los Estados Unidos Cyrus Vance.
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La dictadura dio máxima prioridad a la organización del Mundial de Futbol desde que asumieron el poder con el fin de utilizarla para obtener apoyo internacional y encubrir las violaciones de derechos humanos. El triunfo de la selección argentina cumplió los objetivos que se propuso Videla al emprender la organización del campeonato, ya que durante 25 días los problemas del país pasaron a un segundo plano.
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5 años después de la intervención militar, el general Roberto Viola asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno adquirió un carácter polémico, cuestionado desde las propias filas de la institución militar. Viola era acusado de encarar una política que se mostraba demasiado inclinada hacia un entendimiento con los partidos tradicionales. La perspectiva de una "apertura" política fue acompañada de un notable giro en política económica.
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Por iniciativa del dirigente radical Ricardo Balbín, y desconociendo el estado de sitio, se reunieron los máximos dirigentes de los principales partidos políticos argentinos. Su objetivo era la creación del escenario de transacción en el cual se sentaran las bases de la transición democrática.
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El 21 de noviembre el presidente Roberto Eduardo Viola pasó el mando al ministro del Interior Horacio Liendo presuntamente por razones de salud. Finalmente, el 22 de diciembre, la Junta MIlitar designa al frente del Ejecutivo al general Leopoldo Galtieri para el período 22 de diciembre de 1981-29 de marzo de 1984. A la vez le permitió, con carácter excepcional de acuerdo con el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, retener el cargo de comandante en jefe del Ejército.
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En medio de la crisis política, económica y social de régimen, las tropas argentinas desembarcan en las islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza británica llegó al sur y comenzaron las hostilidades que concluyeron el 14 de junio con la rendición argentina. Concluía, de esta manera, el intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra y marcó el derrumbe político del régimen.
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El presidente Galtieri, en un mensaje dirigido al país el 15 de junio, anunciaba la rendición ante Gran Bretaña en la guerra de Malvinas poniendo énfasis en la superioridad material de Gran Bretaña y al apoyo logístico de Estados Unidos para explicar las causas de la derrota. Dos días más tarde era desalojado del poder.
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El conflicto interno quebro la unidad de las Fuerzas Armadas y provoco la disolución de la Junta Militar asumiendo el Ejercito la conducción del gobierno nacional. Antes de su disolución, la Junta pudo convenir dos importantes acuerdos para el proceso político. Definir al próximo gobierno como de transición que concluiría con la "plena institucionalización del país en los primeros meses de 1984" y anunciar cambios en política económica para transitar la etapa final del Proceso.
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El Ejército comunica la decisión unilateral de designar al general Reynaldo Bignone como presidente de la Nación, que asume el cargo a partir del 1° de julio de 1982.
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Finalmente, los jefes de las tres fuerzas decidieron restablecer el esquema de poder inaugurado en Marzo de 1976, por el que se reconstituyó la Junta Militar como órgano supremo del Estado autoritario, con las atribuciones señaladas en los documentos básicos del Proceso. De esta manera, el gobierno de Bignone, apoyado por la totalidad de los cuarteles, se encontraba ahora en otra situación para imponer ciertas condiciones en la transición democrática.
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Bignone dicta el decreto confidencial 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos y emite el Documento Final de la Junta Militar en el cual niega la existencia de detenidos, afirma que no existían lugares secretos de detención y decretaba que quienes figuraran como desaparecidos y que no se encuentren exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos.
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Bignone mediante el decreto-ley 22 847 convoca a elecciones el domingo 30 de octubre de 1983. La fecha originalmente para el traspaso de mando era siete meses después de los comicios para negociar con el presidente electo y asegurar la inmunidad judicial para la cúpula militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La imposibilidad de la práctica de este plazo demasiado largo llevó a que se fijara el 30 de enero de 1984 como fecha para su salida del poder.
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El gobierno dicta la ley 22.924, llamada de "Amnistía", "de Autoamnistía" o de "Pacificación Nacional" en la cual los dirigentes de la dictadura militar ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno democrático que lo sucediera, procuraron dictar una amnistía (impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal) sobre sí mismos. Más adelante, ya en democracia, la misma fue declarada nula por el Congreso.
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El 30 de octubre de 1983 tuvieron lugar las elecciones que abrieron paso a una nueva etapa en la vida democrática. El resultado confirmó la continuidad del sistema bipartidista radical-justicialista que había regido la vida política argentina desde la segunda mitad del siglo XX. El triunfo electoral del radicalismo con la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, que obtuvo casi el 52% de los votos provoco la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
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Ya con el triunfo de Alfonsin en los comicios, el gobierno militar con un masivo desprestigio público y la situación económica descontrolada, Alfonsín al ver el gobierno que heredaria exigió a Bignone que adelantara la entrega de mando. El gobierno de facto promulgó la ley 22.972 que modificaba la anterior ley electoral y fijaba el 10 de diciembre de 1983 como fecha del traspaso, escogida por el propio Alfonsín por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos.
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Esta acta de disolución de la Junta Militar firmada por los tres comandantes, transfería al presidente Bignone las facultades que el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional acordaba al órgano supremo del Estado, hasta el día en que asumiera el primer mandatario electo y cesaba igualmente la vigencia del mencionado Estatuto y su reglamentación. Con la autodisolución de la Junta Militar, cuatro días antes de la instalación de las autoridades democráticas, se ponía fin al Proceso.
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La ceremonia de traspaso de mando tuvo lugar al mediodía en la Casa Rosada, allí Bignone entrego a Alfonsín el bastón de mando y la banda presidencial. Con la población concentrada en Plaza de Mayo quedó a la vista el doble significado del triunfo electoral: por un lado, se clausuraba el régimen autoritario de 1976 y, por el otro, se quebraba la hegemonía electoral de cuatro décadas del peronismo.
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Alfonsin decreta la creacion de la CONADEP para investigar las violaciones a los derechos humanos. La comisión recorrió el país buscando testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los centros de detención. Realizaron un inventario de las desapariciones denunciadas y de los centros clandestinos para confeccionar mapas, clasificar los relatos y hacer un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado.
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El resultado del trabajo de la CONADEP tuvo resultados satisfactorios, demostrando que la desaparición forzada de personas sí existió y que no fueron casos aislados. El voluminoso informe final, de varias carpetas fue entregado al presidente Alfonsín. La detallada descripción permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado desde el gobierno, siendo clave para el Juicio a las Juntas. Este informe final fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca más.
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El tribunal que enjuició a las juntas fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera y utilizo como base probatoria el informe Nunca Más realizado por la CONADEP. La sentencia dictada el 9 de diciembre condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro.
